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20/09/2017

El Supremo puede abrir otro frente a la banca con las hipotecas multidivisa

El Tribunal Supremo tiene previsto dictar este miércoles su fallo definitivo sobre las hipotecas multidivisa, un producto bancario que ha causado pérdidas a unos 70.000 consumidores. En concreto, el Alto Tribunal resolverá este miércoles un recurso de casación acerca de la nulidad de un préstamo con opción multidivisa comercializado por Barclays (ahora CaixaBank). Pero este caso sentará jurisprudencia para conocer cuál será el destino de muchos otros, según informa Triviño Abogados.

Los españoles con hipoteca multidivisa han perdido una media de 200.000 euros en cada uno de los 70.000 préstamos de esta modalidad que se han comercializado en España, según un estudio difundido por la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), lo que arrojaría unas pérdidas totales de 14.000 millones.

Si el fallo de la Sala Civil en pleno del Supremo les es favorable, un alto porcentaje de los afectados podrá recuperar lo indebidamente pagado a los bancos.

En último término, el Alto Tribunal debería sentar una jurisprudencia definitiva que permita dirimir cuándo es posible considerar que un banco debe asumir las pérdidas de un consumidor por haberle vendido este producto inadecuado para personas sin conocimientos financieros profesionales, según el bufete.

"La clave es que se vendió un tipo de producto complejo a clientes que carecían de los conocimientos financieros necesarios para tomar una decisión al respecto. Es decir, no sabían realmente qué estaban firmando y en muchos casos se encontraban con que después de cinco años de pagar al banco, debían más de lo que habían recibido en préstamo", explica Eduardo Triviño, socio fundador del despacho.

Sobre esta base, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló en abril de 2014 que todas las hipotecas multidivisa vendidas sin haber informado adecuadamente de los riesgos del producto a los consumidores que carecían de conocimientos financieros debían considerarse nulas y, por tanto, los consumidores podían recuperar su dinero.

En el mismo sentido se pronunció el Tribunal Supremo español en junio de 2015. Sin embargo, y en parte debido a un nuevo fallo dictado por la corte europea en diciembre de 2015 que las entidades financieras creen favorable a sus intereses, la cuestión necesita una sentencia que fije una jurisprudencia clara, explica el despacho.

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20/09/2017

Baja la deuda pública de las Administraciones

El volumen de deuda de las administraciones públicas españolas a finales de julio alcanzó los 1,134 billones de euros, lo que supone un recorte 4.872 millones de euros respecto a los 1,139 billones del mes anterior, según datos del Banco de España publicados este martes.

La cifra de julio es equivalente aproximadamente al 100% (99,67%) del Producto Interior Bruto (PIB), según cálculos de Reuters en base a los últimos cuatro trimestres. De esta forma, la deuda pública rompe la tendencia de los dos meses anteriores en los que se había incrementado. Desde el comienzo del año, el endeudamiento público sólo ha caído dos meses, en el mes de abril, cuando bajo en más de 11.000 millones de euros, y ahora en julio.

En tasa interanual, la deuda de las administraciones públicas respecto a julio del año anterior creció en 31.621 millones de euros, un 2,8% más. No obstante, el Ministerio de Economía, teniendo en cuenta el calendario de emisiones y amortizaciones, cree compatible el dato actual con la consecución del objetivo para el conjunto del año, del 98,8% del PIB.

De cara a los años siguientes, el objetivo para por la reducción. En concreto, al 97,7% en 2018 y al 95,4% en 2019. Antes del comienzo de la crisis, en 2007, la deuda pública española ascendía a 384.000 millones de euros, equivalente al 35,5% del PIB.

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20/09/2017

La economía “crece a buen ritmo” pero todavía hay muchos riesgos

El Rey ha subrayado este martes que la economía española "está creciendo a buen ritmo" y tiende a ser "más sostenible y equilibrada, generadora de empleo, más abierta al exterior y más robusta", pero "todavía son muchos los riesgos y retos" nacionales e internacionales a los que se enfrenta.

Durante el acto de entrega del VII Premio Jaime Fernández de Araoz sobre Finanzas Corporativas, don Felipe ha recalcado que, "por eso, es preciso mantener el impulso y las ganas de continuar trabajando, de esforzarse y seguir investigando para nuestro porvenir colectivo".

"La creación de puestos de trabajo es una necesidad y un objetivo compartido por toda la sociedad, pues de ello depende el bienestar de cada ciudadano" y "la prosperidad general de la colectividad", ha argumentado el Rey, antes de defender la importancia de la innovación y el emprendimiento, "fundamental" para "superar una crisis" y "mantener en los jóvenes la confianza en un futuro mejor".

Tras valorar las iniciativas públicas y privadas impulsadas en España en favor del emprendimiento, don Felipe ha destacado que "el apoyo de la Administración es fundamental" en este contexto y ha animado a fortalecer "una estrecha interrelación" entre la investigación y el mundo empresarial.

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20/09/2017

CEOE y las agencias de colocación critican el pacto de Empleo con las comunidades

CEOE, y Asempleo, la organización que agrupa a las agencias de colocación privadas, han cargado contra la exclusión de la colaboración de este tipo de empresas con los servicios de empleo como uno de los criterios de evaluación de las comunidades autónomas a la hora repartir los fondos para políticas activas de empleo. Este fue uno de las patas del acuerdo al que llegaron el lunes el Ministerio de Empleo y las comunidades autónomas sobre el plan anual de empleo y su evaluación posterior.

Esta modificación fue una exigencia de 10 comunidades autónomas (Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares, Aragón, Navarra, Asturias y Cantabria) que rechazaban que este fuera un criterio evaluable, ya que determinaba el modelo de gestión por el que ellos optaran. Y así lo entendió el resto de miembros de la conferencia sectorial de empleo, como aclararon otros consejeros autonómicos.

Pero la decisión no ha gustado a las compañías más grandes del sector. "Es una muy mala noticia para los desempleados españoles", ha atacado Asempleo, patronal de las agencias de colocación privadas, un día después. "Lo único que consigue [la decisión] es que estas personas vean reducidas sus posibilidades de disponer del servicio de alto valor y experiencia que suponen las agencias de empleo, a diferencia de lo que sucede en los países europeos con éxitos en la lucha por la integración laboral y el pleno empleo", ha continuado.

"La implicación de las agencias de empleo supone una actuación mucho más eficaz y eficiente que la intermediación realizada exclusivamente por la Administración Pública", ha abundado. "Con esta decisión se vuelve a un modelo obsoleto [...] que no ha sido consultada a los interlocutores sociales", ha profundizado CEOE.

Hasta ahora había uno de los criterios de evaluación del cumplimiento de cada comunidad del plan anual de empleo era la colaboración con las agencias privadas. Esta se valoraba en dos frentes: el gasto y los demandantes insertados por esta vía. De ello dependía un 10% de la nota final.

El plan anual de empleo fue uno de los puntos que se abordó en la reunión del lunes del Ministerio de Empleo con las comunidades autónomas. También se trató la estrategia de empleo, un marco de política conjunta para tres años en el que luego se insertan los planes anuales. En este punto se acordó ampliar la financiación de las políticas activas hasta los niveles de 2011, es decir, antes de los recortes y analizar las demandas de personal de los diferentes servicios autonómicos de empleo.

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20/09/2017

El Gobierno ofrece a los funcionarios una subida del 7,25% en tres años

La segunda reunión entre la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, y los sindicatos más representativos de los empleados públicos (CC OO, UGT y CSIF), no ha podido culminar con un consenso. Fuentes de la negociación han avanzado que la oferta de partida que se ha debatido este martes en la mesa es una subida salarial del 7,25% en tres años (2018, 2019 y 2020) que se articulará a través de un 1,5% de incremento fijo para 2018, un 1,75% para 2019 y un 2% para el siguiente año, más una parte variable en función del crecimiento que registre el PIB, que en el mejor de los casos supondrá un incremento adicional del 0,50% en 2018, 0,75% en 2019, y este mismo porcentaje en el siguiente ejercicio. El incremento acumulado, por tanto, habrá sido de hasta un 7,25%.

Fuentes sindicales consultadas por Cinco Días califican esta cifra de insuficiente, ya que distintos estudios calculan la pérdida de poder adquisitivo de estos trabajadores desde que se inició la crisis de entre el 13% y el 23%, según los colectivos.

Las mismas fuentes subrayan que en materia de empleo público sí que se ha producido un acercamiento de las posturas, puesto que la oferta de Hacienda consiste en asegurar que para el próximo ejercicio se garantizará el 100% de reposición de todas las bajas que se produzcan (jubilaciones fundamentalmente) en prácticamente todos los ámbitos de la Administración y en algunos, los más sensibles, el Gobierno está dispuesto a ir incluso más allá del 100% de reposición, por lo que se produciría creación neta de empleo.

En cuanto a la situación de los interinos, Hacienda también ha planteado que se puedan consolidar las plazas de aquellos que lleven como temporales más de dos años en todos los ámbitos de la Administración y no solo en Justicia, Sanidad y Educación, como reza el acuerdo alcanzado esta primavera entre el Ejecutivo y los sindicatos de funcionarios.

Tampoco ha habido consenso en lo relativo a recuperar la jornada de 35 horas semanales, uno de los asuntos capitales para los sindicatos para poder rubricar un pacto con el Gobierno. Hacienda se muestra por ahora inflexible a la hora de permitir que cada Administración pueda negociar con los representantes de los trabajadores si ve viable o no volver a las 35 horas en su territorio, en lugar de las 37,5 horas que estableció el Ejecutivo central en 2012 con carácter general para toda la función pública.

Así, ambas partes se emplazaron este martes para mantener un nuevo encuentro este miércoles en la Mesa General de la Función Pública, justo un día antes de que el Consejo de Ministros apruebe el proyecto de ley de presupuestos para 2018.

De no alcanzarse finalmente el acuerdo, los sindicatos de funcionarios han advertido que no dudarán en llevar a cabo movilizaciones en demanda de la recuperación del poder adquisitivo perdido durante la crisis y en defensa de la labor llevada a cabo por los casi tres millones de empleados públicos que componen la plantilla de la Administración en España.

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20/09/2017

El Congreso apremia al Gobierno a obligar a las empresas a llevar un registro de horas trabajada

La Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso ha aprobado este martes una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a obligar a las empresas a controlar cada hora trabajada de sus empleados a través de un registro.

La iniciativa, llevada a la comisión por el PSOE, ha sido además respaldada por Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y el PNV. Por contra, PP y Foro Asturias han votado en contra, mientras que Ciudadanos ha optado por abstenerse.

En el texto aprobado, se obliga a llevar este registro para todos los trabajadores, independientemente del modelo de contrato que tengan, a través de "mecanismos adecuados y fehacientes", y que la distribución de la jornada sea "parte esencial del contrato".

Asimismo, el Congreso insta a reformar la regulación del contrato a tiempo parcial para modificar el régimen de las horas complementarias y del registro de jornada y se exija la constancia en el contrato del tiempo en el que se va a prestar servicios para garantizar el control fehaciente de la jornada.

El Congreso también pide adoptar una regulación del tiempo de trabajo "que permita recuperar el equilibrio de las relaciones laborales", crear "un sello de Horario Racional" para las empresas que incorporen en sus convenios medidas de flexibilización del tiempo de trabajo y la difusión de modelos de buenas prácticas en la implementación de horarios y reestructuración de tiempos laborales en las empresas.

Por otro lado, también pide revisar las sanciones por incumplimientos de las obligaciones en materia de jornada en su cuantía y en su posible vinculación al número de trabajadores afectados, y potenciar las Campañas de Inspección de Trabajo a este respecto.

Para la portavoz de Empleo de los socialistas, Rocío de Frutos, autora de la iniciativa, el desarrollo de una regulación en materia de registro de horas es necesaria después de las diferentes sentencias judiciales que facilitan diferentes interpretaciones al respecto.

Asimismo, ha dicho que, a pesar de que las denuncias por exceso de jornada son "un porcentaje importante" en la inspección laboral, la normativa actual provoca, a su juicio, que sea "muy difícil demostrar por la administración las horas trabajadas".

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