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14/12/2018

Cataluña es la comunidad con mayor recorte en la creación de sociedades hasta noviembre

El procés sigue pasando factura al tejido empresarial catalán. De hecho, Cataluña es la comunidad autónoma de España que mayor recorte en la creación de empresas ha sufrido, desde enero. Hasta noviembre, se han abierto 1.176 empresas catalanas menos que durante el mismo periodo del año anterior. Mientras que Madrid, la otra cara de la moneda, ha sumado el incremento de compañías nuevas más importante: 1.396 sociedades han nacido en esta región hasta noviembre. Es la comunidad con mayor número de nuevas empresas este año.

En concreto, según el Estudio sobre Demografía Empresarial, publicado por Informa D&B, se han abierto 16.339 compañías en Cataluña, un 6,71% menos, por las 20.292 que han visto la luz en Madrid, un 7,3% más que durante el mismo periodo anterior. Cataluña, que siempre había encabezado los ránkings de creación de empresas, comenzó una consecución de meses de cierre de compañías en octubre de 2016.La situación política no termina de mejorar el clima empresarial y continúa degradando la confianza de los inversores y los consumidores catalanes.

Según el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), la confianza de las empresas en el devenir de la economía regional disminuyó un 2% en el tercer trimestre de este año, en relación con los tres meses anteriores. Pero si las cifras han sido negativas para Cataluña, no han sido mucho mejores para el resto del país. En el conjunto de España, la creación de sociedades apenas ha escalado un 0,77%, respecto a 2017, hasta las 88.790 nuevas compañías que había hasta noviembre. Además, el capital invertido se ha reducido un 1%.

Nathalie Gianese, directora de Estudios de Informa, no se muestran optimista de cara a final de año: "Parece inevitable alcanzar el cierre de año con un empeoramiento de las cifras de demografía empresarial, debido al comportamiento de sectores como Comercio, con una bajada del 6% en el número de creaciones, y Servicios empresariales, en el que la inversión se redujo un 50 %".Por el contrario, las nuevas constituciones se han dejado notar, sobre todo, en la industria de la construcción y los servicios empresariales, con 20.157 y 12.425 empresas más respectivamente.

Por comunidades, tras Cataluña, son Baleares y Castilla y León las regiones donde mayor caída en la creación de sociedades se ha producido. Por contra, son Andalucía y la Comunidad Valenciana en las que más se ha incrementado el tejido empresarial. Algo más positivo para España ha sido el dato de destrucción de empresas. Durante los primeros once meses del año, se han cerrado en nuestro país 23.096 compañías, un 6,04% menos que durante el mismo periodo del año anterior. A pesar de que el cierre de sociedades cae, las que se han cerrado en España durante este periodo son empresas de mayor tamaño que las que terminaron su actividad el año anterior.

Así lo demuestra el aumento del 20% en el número de personas que han perdido su trabajo en las compañías que han desaparecido durante este periodo. Las firmas disueltas de enero hasta noviembre empleaban a 90.000 personas, frente a las 75.137 que trabajaban en las compañías que no sobrevivieron durante los mismos meses de 2017, según el mismo estudio.

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14/12/2018

El BCE rebaja las previsiones de crecimiento de la zona euro para 2018 y 2019

El Banco Central Europeo ha rebajado sus previsiones de crecimiento en la zona euro para 2018 y 2019. Concretamente, espera que el PIB de la zona euro crezca este año del 1,9% (una décima menos de lo estimado en septiembre) y en 2019 del 1,7% (una décima menos que en el informe anterior). Para 2020 el organismo augura un crecimiento del 1,7% (mantiene la previsión) y para 2021 pronostica un 1,5% (primera estimación para este ejercicio).

El presidente del BCE, Mario Draghi, ha explicado en su comparecencia ante los medios que el crecimiento económico de la zona del euro ha sido más débil durante algún tiempo, lo que refleja "una demanda externa más débil pero también algunos factores específicos de países y de sectores". No obstante, el presidente del BCE se ha mostrado convencido de que la fortaleza de la demanda interna continúa apoyando la expansión de la zona del euro y el aumento de la inflación.

Además, Draghi ha asegurado que "los riesgos para las perspectivas de crecimiento de la zona euro pueden considerarse todavía como equilibradas en general", aunque ha advertido de que este balance de riesgos "se está moviendo a la baja". Draghi ha atribuido esta evolución a la persistencia de incertidumbres relacionadas con factores geopolíticos y la amenaza del proteccionismo, así como con vulnerabilidades en los mercados emergentes y la volatilidad en los mercados financieros.

Respecto a la inflación, ha elevado su previsión para 2018 al 1,8% frente al 1,7% que esperaba en septiembre y, sin embargo, ha reducido su pronóstico para 2019 al 1,6% frente al 1,7% anterior. Para 2020, ha mantenido su dato de inflación en el 1,7% y para 2021 lo ha situado en el 1,8% Draghi ha apuntado que la inflación subyacente puede aumentar a medio plazo. Además, el presidente del BCE ha explicado que los salarios están subiendo en países como Alemania y esto se acabará trasladando a los precios. Aun así, el BCE ha mantiene que todavía son necesarios "estímulos monetarios significativos" para crear presiones al alza sobre los precios.

Las previsiones del BCE se han dado a conocer después de la última reunión del año del Consejo de Gobierno, encuentro en el que se ha decidido también mantener el tipo de interés de referencia para sus operaciones de refinanciación en el 0%, mientras que la tasa de la facilidad de depósito continuará en el -0,40% y la de la facilidad de préstamo en el 0,25%.

El BCE ha indicado también que planea "reinvertir" durante un período "prolongado" tras el final de las compras netas de activos la mayoría de la deuda que vaya venciendo, especificando que estas reinversiones seguirán durante el tiempo que sea "necesario" para "mantener" las condiciones de liquidez, incluso después de que comience a subir los tipos de interés.

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14/12/2018

El Gobierno adjudicará las nuevas renovables a quien produzca más barato

Entre las medidas de lucha contra el cambio climático, que el Gobierno plasmará en varias normas antes de que termine el año, sigue figurando como una de las más relevantes las subastas de hasta 4.000 MW renovables que el Gobierno quiere celebrar entre 2019 y 2030. La electrificación de la economía, con el desarrollo del coche eléctrico, obligará a la descarbonización del parque de generación en 2050, con la desaparición de las centrales que utilizan combustibles fósiles (las de carbón y gas natural) y, por otros motivos, las nucleares.

Sin embargo, el procedimiento de las nuevas subastas será distinto al utilizado hasta ahora. Así, mientras en las tres pujas realizadas por el Gobierno de Mariano Rajoy, en los que la variable era la inversión (esto es, se adjudicaba la potencia a quien construyese las plantas con la menor inversión, que luego se le retribuía), en el nuevo mecanismo que plantea el Ejecutivo de Pedro Sánchez, la variable será el precio. De esta manera, ganarán las subastas los que ofrezcan el precio más competitivo del kWh.

Fuentes del sector consideran que este criterio, que es el que se utiliza en todo el mundo, es más sencillo y transparente que el anterior y, sobre todo, evita la especulación. “Construir instalaciones por las que vas a recibir una retribución a la inversión no te garantiza que vayan a funcionar, pues el titular siempre va a cobrar, al margen de que genere o no”, señalan las mismas fuentes. Además, cobran el precio del mercado siempre que esté por encima de la oferta de la subasta, en que se retribución de la inversión y si está por debajo, se le compensa.

El futuro sistema de retribuir por precio ofrece más garantías y el inversor siempre va a cobrar el precio ofrecido: si en el mercado reciben más, devuelven la diferencia, y si reciben menos, se les compensa. El mecanismo, reivindicado por las asociaciones de fotovoltaicas (no tanto a las eléctricas), beneficiará al consumidor ahora que se prevén ofertas a la baja.

En el real decreto-ley de medidas urgentes del sector energético que el Gobierno tiene previsto aprobar antes de fin de año, sigue figurando el compromiso de impulsar la construcción anual de, al menos, 3.000 MW de renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos, si bien, es probable que la cifra se amplíe a 4.000 MW ante la petición de Unidos Podemos. No obstante, la capacidad podrá ser revisada reglamentariamente en función de la evolución de los objetivos de descarbonización del sistema eléctrico.

Según el último borrador de la propuesta, en las subastas que se convoquen “el producto a subastar será la energía eléctrica a generar y la variable sobre la que se ofertará será el precio de retribución de dicha energía”.

En las pujas se distinguirá entre distintas tecnologías de generación (eólica, solar, etc.) según sus características técnicas, su gestionabilidad, localización o madurez tecnológica y aquellos que garanticen la transición hacia la descarbonización. También se tendrá en cuenta proyectos ciudadanos participativos o los que promuevan la cohesión social o territorial.

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14/12/2018

El BCE pone fin a las nuevas compras de deuda

Punto final a cuatro años de estímulos. El BCE anunció este jueves que dejará de comprar bonos en enero y que llevará las reinversiones en bonos más allá de la primera subida de tipos. Hasta ahora sólo había dicho que lo haría durante un periodo de tiempo prolongado después del final de las compras netas de activos. El organismo, que mantuvo los tipos de interés al 0%, señaló que prevé mantener los tipos en los niveles actuales hasta pasado el verano de 2019 y, en cualquier caso, tanto tiempo como sea necesario. La tasa de la facilidad de depósito continuará en el -0,40% y la de la facilidad de préstamo en el 0,25%.

En la rueda de prensa posterior a esta decisión, el presidente del BCE, Mario Draghi, señaló que los riesgos sobre el crecimiento se encuentran equilibrados, aunque admitió que la balanza se va inclinando a posiciones bajistas debido al proteccionismo, la volatilidad en los mercados, las tensiones geopolíticas y los riesgos en los países emergentes. También apuntó que la inflación subyacente puede aumentar a medio plazo.

Draghi reconoció que el crecimiento económico de la zona del euro ha sido más débil durante algún tiempo, lo que refleja "una demanda externa más débil pero también algunos factores específicos de países y de sectores". Eso sí, confía en que la fortaleza de la demanda interna continúa apoyando la expansión de la zona del euro. El presidente del BCE también se refirió a que la atmósfera está caracterizada por un aumento general de la incertidumbre, pero resaltó que la situación comercial está "mejor que hace dos meses".

Sobre la reinversión de los bonos que vayan venciendo, el BCE señaló que el principal de dichos títulos se reinvertirá en el país en el que se emitió el bono durante la fase de compras. Asimismo, dicha reinversión se basará en la participación de los bancos centrales nacionales en el capital del BCE, al igual que ha sucedido con las compras.

No obstante, hay que tener en cuenta que la semana pasada la institución que preside Mario Draghi revisó la cuota de participación de los bancos centrales nacionales en su capital con efectos a partir de enero de 2019. Tras este ajuste, baja la participación del Banco de España, así como la del Banco de Italia, pero aumentan las del Bundesbank alemán y el Banco de Francia, por lo que el BCE podría reinvertir un poco más en bonos alemanes o franceses, por ejemplo.

A partir del 1 de enero la clave para la suscripción de capital del Eurosistema, sólo de los países que comparten el euro, del Banco de España será del 11,9784% (12,5596 % en enero de 2015), 0,5812 puntos porcentuales menos. Esta clave de capital es la que se utiliza para los cálculos en el programa de compra de bonos soberanos del BCE. Como consecuencia de la última revisión, dieciséis bancos centrales de la UE aumentarán su participación en el capital del BCE y doce la reducirán.

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14/12/2018

La CEOE rechaza el registro horario obligatorio, aunque el Gobierno asegura que lo implantará

Los empresarios rechazan obligar a las empresas a establecer el registro de la jornada laboral de sus trabajadores, porque considera que "ya existen mecanismos de control horario" y supone "un cambio hacia lo antiguo". El Gobierno ha señalado que regulará la implantación del registro, aunque no logre el apoyo de la CEOE, "por coherencia".

El registro horario propuesto por el Ejecutivo aumenta la burocracia y los costes empresariales, tiene "problemas reales de aplicación", elimina las medidas de flexibilidad interna y de conciliación y es "de muy difícil aplicación" para las pequeñas y medianas empresas, según la postura de la patronal en varios de los asuntos que se están debatiendo en la mesa del diálogo social.

La ministra ha señalado hoy que, pese a estas reticencias de los empresarios, la mesa de diálogo social está abordando esta medida para cuya implantación cuenta con el acuerdo de los sindicatos y la Inspección de Trabajo, que no tiene herramientas para controlar las empresas a las que investiga por presunto fraude en los contratos a tiempo parcial.

"Por coherencia vamos a sacarlo adelante, a ser posible por unanimidad", ha dicho, al tiempo que ha añadido que apuesta por sacar adelante los asuntos por consenso, porque así son más duraderos", ha señalado en un desayuno con El Economista. La ministra ha defendido la necesidad de regular el registro horario, porque sin él es difícil que haya un control horario estricto, no se puede saber si un trabajador está "fuera de su horario de trabajo", haciendo horas extra sin remunerar y cotizar por ellas.

No obstante, ha reconocido que "puede ser difícil llegar a un acuerdo con la patronal", ha dicho Valerio, que está dispuesta a dar un tiempo para que se reorganicen internamente a CEOE y Cepyme, que han pasado por sendos procesos de relevo en sus cúpulas.

Una vez que se ha sometido a negociación, el Gobierno luego tiene que gobernar", ha dejado claro, y ha recordado que este asunto ya está tramitándose en el Congreso de los Diputados, a través de una iniciativa parlamentaria presentada por el grupo socialista, por lo que "nos lo tenemos que trabajar mucho para lograr los apoyos necesarios", ha dicho.

Respecto al despido colectivo, los empresarios quieren "eliminar la obligación de aportación al Tesoro Público de las empresas con beneficios en los despidos colectivos que afecten a trabajadores de más de 50 años", medida conocida también como 'enmienda Telefónica, que tiene su origen en las prejubilaciones masivas que la compañía realizó en 2011 y que acabaron afectando a más de 6.500 personas.

En concreto, en la reforma de pensiones de 2011, el Gobierno del PSOE estableció que las empresas de más de 500 trabajadores que presentaran un despido colectivo que afectara a trabajadores de 50 años o más, habiendo tenido beneficios en los ejercicios anteriores, tendrían que hacerse cargo del pago por desempleo y de parte de las cotizaciones.

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14/12/2018

El anuncio de un pacto para derogar parte de la reforma laboral indigna a la patronal

El diálogo social entre Gobierno, sindicatos y patronal ha quedado roto con el acuerdo anunciado hoy entre CCOO y el Ministerio de Trabajo para la derogación en las próximas semanas de distintos aspectos de la reforma laboral. CEOE ha mostrado en un comunicado su "sorpresa, indignación y preocupación" por la ruptura unilateral del diálogo social" que supone este acuerdo. CCOO y UGT han alcanzado un preacuerdo con el Gobierno para derogar aspectos centrales de la reforma laboral que permitan restablecer la ultraactividad (vigencia ilimitada) de los convenios colectivos y la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, ha anunciado el primer sindicato

Magdalena Valerio, ministra de Trabajo y Seguridad Social, ya daba por hecho que las organizaciones empresariales rechazarían buena parte de los cambios que quiere aplicar a la reforma laboral realizada en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy y que deberá aprobar esos cambios contando sólo con el apoyo de los sindicatos, según manifestó en un desayuno en el diario El Economista.

"Será difícil llegar a un acuerdo pero si el Gobierno considera que debe sacar adelante las reformas por coherencia lo hará, sea como decreto ley o como ley", dijo en relación al curso de la negociación de estos días con los agentes sociales. Pero en rueda de prensa posterior, la secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, ha explicado que CEOE-Cepyme no se ha sumado a un acuerdo que incluye la recuperación del subsidio para mayores 52 años y la limitación a la subcontratación con la obligatoriedad de que las empresas auxiliares adopten el convenio sectorial o el de la empresa principal.

El secretario de Organización, Fernando Lezcano, ha detallado en la rueda de prensa previa al Consejo Confederal de CCOO, que este preacuerdo debe certificarse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informa Efe. Si bien ha advertido que, de no culminarse, el Ejecutivo "tendrá problemas en el frente social y laboral" porque UGT y CCOO están dispuestos a recurrir a movilizaciones. Valerio ha subrayado que todos los acuerdos son más sostenibles si se realizan con consenso, pero ha dejado ver que el Gobierno no va a esperar más. "No hay fecha" para los cambios que se propone Trabajo.

Pero CCOO ha explicado que, durante la reunión de la mesa de empleo y relaciones laborales celebrada el pasado martes también se acordó desvincular la existencia de las prestaciones del Programa de Activación para el Empleo (PAE) o del Prepara, para parados sin prestación, a una tasa de paro superior al 15 %. Así, las personas que actualmente reciben esas ayudas seguirán percibiéndolas el próximo año, aunque el porcentaje de parados se sitúe por debajo de esa tasa.

Además, el preacuerdo entre sindicatos y Gobierno incluye la reforma "integral" del artículo 42 del Estatuto de Trabajadores para que se garantice el convenio de empresa o el sectorial a los servicios subcontratados y para que no se pueda utilizar el contrato de obra o servicio determinado para este tipo de contrataciones.

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