05/12/2018

Las claves sobre la impugnación de los Convenios Colectivos

La impugnación de los convenios colectivos tiene una específica regulación en nuestro derecho laboral (arts. 163 ss de la LRJS), que si bien no es muy extensa -o precisamente por ello-, reviste cierta complejidad, tanto por la especialidad del objeto de la impugnación, -el convenio colectivo y lo que por tal concepto se entiende- como por las peculiaridades de la determinación de los sujetos que pueden iniciar dicho proceso, a lo que debemos añadir que se trata de una reclamación poco habitual. conviene por todo ello fijar algunas ideas básicas sobre el objeto y límites de dicha especial impugnación y proceso.
1.- Introducción: ¿En qué consiste?

La Ley 36/2011 de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, contiene entre la regulación de las diversas “Modalidades Procesales”, un Capítulo IX titulado “De la Impugnación de los Convenios Colectivos”. Se trata de una regulación breve (arts. 163 a 166), y que no resulta de fácil comprensión. La especialidad es que mediante dicho proceso se pretende viabilizar la impugnación de los convenios colectivos, esto es, el producto de la negociación colectiva con pretensión de eficacia normativa entre las partes, lo que introduce complejidades relevantes, ya que el Convenio Colectivo es una norma entre partes, en ciertos casos con publicación oficial y eficacia general, que es el producto del acuerdo entre las dos o más partes firmantes, y que suele tener una duración a limitada o breve en el tiempo, veremos además que a estos efectos, el concepto de lo que sea el objeto de la impugnación -el convenio colectivo- es más amplio. De ahí que la discusión sobre la eventual ilegalidad de un convenio colectivo, tenga una relevancia que suele ir más allá de las partes que lo han firmado.

2.- Conceptos básicos: ¿Qué se impugna y cómo se impugna?

Una primera cuestión que debe aclararse es la de determinar qué podemos impugnar mediante el procedimiento judicial de impugnación de convenios. La cuestión suscitó discusión, incluso antes de la vigencia de la actual Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), esto es con la anterior LPL, durante cuya vigencia, la Jurisprudencia del TS ya tuvo ocasión de resolver y clarificar que mediante el procedimiento de impugnación de convenios, se podía impugnar no sólo los Convenios Colectivos en sentido estricto o propio, sino también los cualquier otro producto de la negociación colectiva (acuerdos de empresa, pactos de eficacia limitada, etc.), aun y cuando no fueran Convenios Colectivos estatutarios con publicación oficial y eficacia general. Al dictarse la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción Social en 2011, esta cuestión quedó resuelta en el mismo sentido, al incluirse en el texto del art. 162 LRJS, la referencia a que la impugnación en la modalidad procesal de impugnación de convenios, puede referirse a “convenio, pacto o acuerdo”, lo que hay que entender como referido a que, mediante esta modalidad procesal, se puede impugnar cualquier resultado de la negociación colectiva. Debe señalarse también que, en su regulación actual, la LRJS ha incluido entre los acuerdos que pueden dar lugar a la impugnación mediante el proceso especial de impugnación de Convenio Colectivos, los laudos arbitrales sustitutivos de Convenios Colectivos, que también van a poder ser impugnados mediante el presente procedimiento en caso de sospecha de ilegalidad o lesividad. A partir de ahí, la cuestión va a ser, no obstante, en qué casos procede la impugnación y quién puede realizarla teniendo en cuanta cuáles serán las especialidades de procedimiento en cada caso, que es lo que a continuación vamos a ver.

3.- ¿En qué casos procede la impugnación? legalidad o lesividad.

La regulación contenida tanto en el ET (art. 90.5) como en la LRJS (163.1), prevé que la impugnación de los convenios pueda obedecer a dos causas concretas, así se haba de que la impugnación puede basarse en causas de legalidad o de lesividad. En concreto se habla de conculcar la legalidad o lesionar gravemente el interés de terceros, distinción que ha suscitado dudas, y en tal sentido podemos señalar lo siguiente:

  • Motivos de legalidad: esta causa de impugnación es posiblemente la más clara, e incluye tanto cuestiones de forma, como sería el incumplimiento de normas que cabría calificar como formales, en cuanto al procedimiento de negociación, o incluso todo aquello que tenga que ver con la infracción del principio de buena fe negocial, o la falta de legitimidad para negociar de las partes contratantes; como también incluye todas aquellas cuestiones que puedan hacer referencia a ilegalidades de fondo en que haya podido incurrir el contenido del convenio o acuerdo.
  • Motivos de lesividad: resulta más complejo determinar a qué se refiere la Ley cuando hace referencia a la lesividad en que pueda haber incurrido un convenio, cuestión que, además, en principio hay que entender como algo diferente de la legalidad, puesto que en caso contrario resultaría innecesaria la referencia a la lesividad como categoría independiente. En relación a esta cuestión, y con expresiones no siempre muy expresivas o concretas, la jurisprudencia (SS.TS de 15 de marzo de 1993, Ar/1859 o de 11 de marzo de 1997, Ar/2309) ha considerado que más alá de la cuestión de su legalidad, existe lesividad cuando se produzca “…un daño, no potencial o hipotético sino verdadero y real, de entidad grave, no necesariamente causado con «animus nocendi», que afecte a un interés jurídicamente protegido y que no pudiese subsanarse con otro procedimiento que con la nulidad parcial o total del convenio colectivo…”.
4.- Supuestos de impugnación y su legitimación activa: ¿Cuándo se puede impugnar y quién puede hacerlo en cada caso?

Además de la concreta causa de impugnación de un convenio, que como se ha dicho puede ser tanto la ilegalidad, como la lesividad, lo cierto es que, la peculiar naturaleza del objeto de impugnación, esto es el convenio colectivo (que cuando es el estatutario exige firma, presentación ante la autoridad laboral para su registro, depósito y publicación), determina que según los casos y la situación en que se encuentre el convenio, el procedimiento de impugnación, y los sujetos legitimados para ello, vayan a ser diferentes.

Así, siguiendo los supuestos previstos en la regulación de la Ley Reguladora de la Jurisdicción social, los casos y vías de impugnación, así como las personas legitimadas en cada caso son los siguientes:

  • Procedimiento de oficio:  es el previsto para el caso de que sea la Administración, la que haciendo uso de la facultad de control de la legalidad que le atribuye la Ley, pueda impugnar el convenio por propia decisión, una vez que el mismo ha sido firmado por las partes y se le ha presentado para registro, y ello, ya sea porque considera que el convenio en cuestión conculca la legalidad o resulta lesivo para terceros, impugnación que se realizará por la administración que así lo considere ante el Juzgado o Sala del Tribunal Superior de Justicia o de la Audiencia Nacional (dependiendo del ámbito geográfico del convenio impugnado),
  • Impugnación por la autoridad laboral a instancia de parte: puede ocurrir que sea cualquiera de los sujetos legitimados para ello, quien, hasta el momento del registro en la oficina pública, inste la referida impugnación ante la autoridad laboral, para que esta curse ante el Juzgado o la Sala del Tribunal Superior de Justicia o de la Audiencia Nacional su comunicación e impugnación "de oficio”. Los sujetos que están legitimados para ello, son los que están incluidos en ámbito de aplicación del convenio, es decir, los representantes legales o sindicales de los trabajadores o los empresarios que sostuvieran la ilegalidad del convenio, y también los terceros lesionados que la invocaran.
  • Impugnación de parte por ilegalidad a través de la modalidad procesal de conflicto colectivo: puede ocurrir que intentado el procedimiento previsto en el apartado anterior, es decir, puede ser que la autoridad laboral instada por un sujeto legitimado para ello para que proceda a la impugnación de oficio del convenio, dicha autoridad laboral entienda que no procede realizar la impugnación de oficio, o puede ocurrir que la referida autoridad laboral, no se pronuncie o no conteste a la petición de impugnación en el plazo de 15 días, o que el convenio ya se encuentre registrado, en cuyos casos, la impugnación del convenio podrá instarse de manera directa por cualquiera de los sujetos legitimados antes señalados, pero por los trámites de la modalidad procesal de Conflicto Colectivo (arts. 153 a 162 LRJS), y ello siempre y cuando el convenio colectivo se encuentre en vigor.
  • Impugnación de parte por afectación lesiva de derechos de terceros a través de la modalidad procesal de conflicto colectivo: en el caso de que el motivo de la impugnación sea la afectación lesiva a los derechos de terceros, y nuevamente, en el supuesto de que instada la autoridad laboral para su impugnación de oficio por parte los terceros eventualmente lesionados por el convenio, serán estos los que ante la falta de respuesta de la autoridad laboral o la denegación de la impugnación o en caso de no contestar en el plazo de 15 días, serán esos terceros eventualmente lesionados, los que podrán instar de manera directa dicha impugnación, pero también por los trámites de la modalidad procesal de Conflicto Colectivo (arts. 153 a 162 LRJS).
5.- La impugnación impropia o indirecta de un Convenio Colectivo

Debe hacerse aún una última referencia que va algo más allá del ámbito propio de la modalidad procesal de impugnación de convenios colectivos, pero que se desprende del texto de la regulación contenida en la LRJS sobre esta materia. Así, debe tenerse en cuenta que aun y cuando los posibles legitimados y/o interesados en una impugnación de Convenio Colectivo no hayan realizado dicha impugnación, ello no impide a los afectados legitimados o cualesquiera otros afectados individuales puedan llevar a cabo “la impugnación de los actos que se produzcan en aplicación” del Convenio Colectivo en cuestión. Es decir, en caso de que se produzca la impugnación individual en el proceso ordinario de que se trate, de un acto derivado del referido Convenio no impugnado, y si en dicho procedimiento, el Juez o tribunal apreciara la ilegalidad de alguna de las disposiciones del Convenio, pondrá dicha circunstancia en conocimiento del Ministerio Fiscal, para que, este en su caso,  pueda plantear judicialmente su ilegalidad a través de la modalidad procesal de impugnación de convenios colectivos (art. 163.4 LRS). Es decir, que, por esta vía, que consiste en la impugnación en proceso ordinario, de un acto que derive de una previsión eventualmente ilegal de un Convenio Colectivo, se puede conseguir, de manera indirecta, forzar la impugnación del Convenio Colectivo por parte del Ministerio Fiscal.

6.- Legitimación pasiva: Quien ha de ser demandado.

La legitimación pasiva en este procedimiento, sea cual sea el caso de los previstos en los apartados anteriores, será para las representaciones integrantes de la comisión o mesa negociadora del convenio, esto es, las representaciones que componen dicha comisión, lo que afecta tanto a la parte empresarial como a la parte social.

7.- Proceso. Celebración del juicio y recursos.

Tan pronto como el órgano judicial admita a trámite, bien la comunicación de oficio o bien ya la demanda, el Letrado de la Administración de Justicia señalará para juicio, y en todo caso deberá citar también como parte al Ministerio Fiscal y, así como a las representaciones integrantes de la Comisión o Mesa negociadora del convenio, y/o a los denunciantes o terceros presuntamente lesionados.

Como característica procesal especial, la Ley señala que, en su comparecencia a juicio, las partes citadas deberán alegar en primer lugar cuál sea su postura procesal, en el sentido de manifestar si están conformes o se oponen a la pretensión ejercitada en el procedimiento de impugnación.

Por lo que respecta a la Sentencia, se prevé que esta se dicte dentro de los tres días siguientes al acto de juicio, sentencia que se comunicará además a la autoridad laboral, y se prevé expresamente que será ejecutiva desde el momento en que se dicte, y ello con independencia que contra la misma se formule recurso por alguna de las partes.

Otra de las características de la Sentencia, que es lógica, y que actualmente prevé de manera expresa la LRJS, es que la referida Sentencia producirá los efectos de “cosa juzgada” sobre los procesos individuales pendientes de resolución o que puedan plantearse en todos los ámbitos de la jurisdicción sobre los preceptos convalidados, anulados o interpretados objeto del proceso, lo cual nos lleva a entender algo que aunque, esto ya no se prevé expresamente la norma, es de lógica procesal, y es que ante la pendencia de un procedimiento de impugnación de Convenio Colectivo, sin duda será jurídicamente razonable y recomendable, aunque sea por economía procesal, la suspensión del curso de procedimiento de todas aquellas reclamaciones individuales que pudieran resultar afectadas por la interpretación de las normas del Convenio que se discuten en el proceso de impugnación de convenio colectivo.

Finalmente, dada la transcendencia del proceso, y la normal eficacia de un Convenio Colectivo previa su impugnación, existe una última consecuencia de la Sentencia que se dicte, cual es la de que la sentencia que sea anulatoria, en todo o en parte, del convenio colectivo impugnado, si afecta a un convenio que hubiera sido publicado previamente, también se publicará en el Boletín Oficial en que aquél convenio se hubiere insertado, y además, la referida Sentencia habrá de inscribirse en los correspondientes registros de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.

8.- Especialidades del proceso de impugnación de Convenios Colectivos.

Dado que nos encontramos ante una modalidad procesal específica, será conveniente dedicar un apartado final a poner de manifiesto y relacionar las restantes peculiaridades y especialidades que además de lo ya dicho, afectan al presente procedimiento.

Así podemos señalar como especialidades procesales del procedimiento de impugnación de convenios colectivos, las siguientes:

  • El proceso de impugnación de convenio colectivo, es un proceso exento de conciliación o mediación previa, según previsión expresa de la LRJS en el art. 64.1.
  • No se pueden acumular las demandas de impugnación del convenio colectivo a ninguna otra demanda, conforme prevé el art. 26.1 LRJS.
  • La demanda iniciadora del procedimiento de impugnación de Convenio Colectivo, contendrá, además de los requisitos generales de toda demanda, aquellos que tienen que ver con la comunicación de oficio, esto es: a) La concreción de la legislación y los extremos de ella que se consideren conculcados por el convenio; b) Una referencia sucinta a los fundamentos jurídicos de la ilegalidad; c) La relación de las representaciones integrantes de la comisión o mesa negociadora del convenio impugnado. Además, a la demanda deberá acompañarse el convenio y sus copias; y si se alegara la lesividad del convenio, habrá de contener, además la relación de los terceros, presuntamente lesionados, e indicación del interés de los mismos que se trata de proteger.
  • Tanto en el supuesto de ilegalidad como en el de lesividad, como ya ocurre con las demandas ordinarias, el Letrado de la Administración de Justicia advertirá a la autoridad remitente de los defectos u omisiones que pudiera contener la comunicación o demanda, a fin de que se subsanen en el plazo de diez días (en las demandas ordinarias el plazo de subsanación es de tan solo cuatro días).
  • En los procedimientos incoados de oficio, en los que no haya demandantes, se ha de citar al Abogado del Estado, a quien corresponderá la representación de la Administración Pública.
  • En el procedimiento de impugnación de convenios colectivos, los días del mes de agosto no se consideran inhábiles, según lo que prevé el art. 43.4 LRJS.
  • La Jurisprudencia ha entendido (Sentencia de la Audiencia Nacional 105/2017, de 10 de julio de 2017, en el recurso número 160/2017), que no existe plazo alguno de prescripción para la acción de impugnación de Convenios Colectivos, por lo que se entiende que no resulta aplicable a dicha impugnación el plazo general de 1 año de prescripción del art. 59 E.T.