11/12/2017

Responsabilidad Civil derivada del delito

El brocardo “alterum non laedere”, fue consagrado por el Jurista romano Ulpiano, como uno de los tres “iuris praecepta”, y se traduce como “el deber de no dañar a nadie”. De él se deriva que, quien cause un daño a otro debe repararlo, y así, sobre esta idea, se construye la teoría de la responsabilidad civil.

Como señala PANTALEON, es impropio hablar de responsabilidad civil derivada de delito como algo distinto de la responsabilidad extracontractual, pues ambas tienen la misma finalidad, puramente indemnizatoria, y ambas tienen el mismo fundamento; no es el delito el fundamento de la primera, sino, al igual que el de la segunda, el daño causado al perjudicado, atribuible al responsable. Por tanto, debemos entender que la responsabilidad deriva de la producción de daños, con independencia de que exista o no un delito.

Con el presente artículo, y dado que el tema de la responsabilidad civil ex delito, es una cuestión de sobra conocida por todos, dada la multitud de comentarios y el pacífico tratamiento que la doctrina ha dado en sus aspectos generales, el referido alterum non laedere, lo que pretendemos es dar una visión más concreta del mismo, y para ello nos centraremos en aspectos más específicos y/o especiales, dando así un enfoque más pormenorizado de determinados supuestos que nos podemos encontrar en la práctica. 

Así, pese a que haremos, no obstante, una pequeña introducción general a la responsabilidad civil derivada del delito, aludiremos, como hemos referido, a distintas casuísticas e incertidumbres que se nos pueden plantear en la práctica, como: ¿Cuándo es más conveniente  reservarse o no las acciones civiles en un procedimiento penal?; ¿Qué pronunciamientos además, comprende la reparación del daño en determinados delitos? o ¿Cómo ha de valorar el  juez de la ejecutoria penal, el cumplimiento de la responsabilidad civil fijada en Sentencia, cuando el penado es insolvente?

1.-  Aspectos generales de la Responsabilidad civil “ex delito”.

Como hemos referido anteriormente, quien causa un daño a otro debe repararlo, y, toda persona criminalmente responsable de un delito, lo es también, civilmente. Sobre esta idea, se construye la teoría de la responsabilidad civil.

El artículo 110 de nuestro CP establece que “la acción civil incorpora una pretensión de carácter civil, que puede comprender: la restitución, la reparación del daño y la indemnización de los perjuicios materiales y morales”.

La obligación de restituir el bien, reparar o indemnizar por los daños y perjuicios causados, tiene naturaleza civil y no penal, aunque se regule en el CP. La acción civil se puede ejercitar en el proceso penal y ante el mismo Juez por evidente economía procesal. En cualquier caso, el titular de la acción civil siempre puede reservarse el derecho a ejercitar la misma ante la jurisdicción civil. Así, los daños o perjuicios causados deben ser probados en el proceso y reflejados en la sentencia. Ello significa que solo las infracciones penales que causen daños o perjuicios generan la obligación civil de reparar o indemnizar por los mismos. En conclusión, la infracción penal conlleva la imposición de pena en todo caso pero no genera necesariamente responsabilidad civil. Por otro lado, la responsabilidad civil surge sin necesidad de que la persona que haya cometido el delito o falta resulte penalmente responsable. Por estos motivos, se dice que la responsabilidad civil no encuentra su verdadero origen en el delito, sino en el hecho objetivo que les da contenido siempre que el mismo haya provocado un daño o perjuicio mesurable por el que se deba resarcir a quien lo sufre. El hecho dañoso, como generador de obligaciones, es un término genérico, y el hecho punible es un término específico comprendido dentro de aquél.  Para entender tal diferenciación, debe recordarse que una cosa es la responsabilidad penal y otra la responsabilidad civil. La primera, que se ha calificado como la obligación de asumir las consecuencias penales provenientes de la comisión de un hecho punible o delito, surge cuando en el caso concreto se dan la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Generalmente esas consecuencias se concretan en la privación de la libertad o en medidas de seguridad. En cambio, la responsabilidad civil es la obligación que se tiene de asumir las consecuencias patrimoniales que se derivan de la comisión de un hecho dañoso, que puede ser o no punible. En síntesis, no todo hecho punible o delito origina responsabilidad civil, por cuanto su nacimiento está condicionado a la existencia de daños patrimoniales o no patrimoniales (morales) causados a alguna persona, grupo de personas o a la colectividad, que deben ser reparados.

2.- Aspectos específicos de la responsabilidad civil

2.1.- ¿Cuándo es más conveniente reservarse, o no, las acciones civiles en un procedimiento penal?

Es la pregunta que nos hacemos los letrados, en determinados supuestos y con determinados delitos, cuándo tenemos dudas de si es más conveniente reservarnos las acciones civiles, o ejercitarlas en el procedimiento penal. Por ejemplo, en el delito de alzamiento de bienes ¿Qué es lo más conveniente? ¿Civil, penal, ambas?

En este delito, la dificultad se encuentra cuando los acreedores perjudicados por el alzamiento de bienes son varios, o cuando no se sabe si hay más acreedores, pero estos no están personados en la causa criminal. En tal caso, ¿qué ocurriría si uno solo de ellos renunciara a la acción civil de declaración de nulidad del negocio, o se reservara su ejercicio para un proceso posterior ante la jurisdicción civil? Entendemos, que dado que dicha nulidad del negocio jurídico la puede instar tanto los protagonistas del negocio (art. 1302 CC), el Ministerio Fiscal y cualquier acreedor perjudicado, existiría una especie de equivalencia de resultados con independencia de la concreta persona que lo asuma. Lo anterior es claro en los casos en que de ese ejercicio se deriven consecuencias jurídicas favorables: ejercitada la acción de nulidad por el Fiscal, aunque no por el perjudicado, su éxito beneficia también a éste; ejercitada por uno solo de los varios acreedores perjudicados, la declaración de nulidad también aprovecha a quienes no la instaron, e igualmente, y como es obvio, la desestimación por razones materiales de esta acción debe perjudicar a quienes no la ejercitaron. ¿Sin embargo, que ocurre y que consecuencias acarrea el hecho de que todos los acreedores perjudicados están personados en el proceso penal pero solo uno renuncia o se reserva la acción civil? En este supuesto, (renunciada o reservada la acción) esto no sería eficaz para extinguir la acción o excluirla del proceso penal, respectivamente, que podrán proseguir afirmándola en el proceso penal. De este modo, si se sigue ejercitando la acción por alguno de los perjudicados, el resultado del proceso penal en este punto afectará tanto a quienes la ejercitaron como a quienes no lo hicieron. De esta manera, la sentencia estimatoria beneficiará en último término incluso a quien renunció a ella, que llegado el momento podrá proyectar la ejecución de su crédito sobre los elementos patrimoniales regresados a la esfera jurídica de su deudor como consecuencia del éxito de la declaración de nulidad negocial; y si lo que se intentó fue la reserva, es evidente la posibilidad de excluirlo por mor de la eficacia negativa de la cosa juzgada de la sentencia penal en este punto. Así, se puede garantizar el disuadir una potencial estrategia, impidiéndoles la posibilidad de que unos acreedores ejerciten la acción de nulidad en el proceso penal y otros se la reservaran para un proceso civil posterior, al no haber obtenido en el proceso penal los resultados deseados.

Lo más considerado en estos supuestos y en caso de duda, es reservar las acciones civiles pues ante el dictado de una sentencia absolutoria siempre se puede acudir a la vía civil, al no existir cosa juzgada.

2.2.- ¿Podría solicitarse en el seno del proceso penal, la nulidad de algún contrato realizado para la comisión del delito?

En nuestra introducción a los aspectos generales de la Responsabilidad civil “ex delito”, hemos referido que, una manera de responder civilmente es la restitución del bien a su propietario; en el caso de que se eligiese esta opción ¿podría solicitarse en el seno del proceso penal, la nulidad de algún contrato realizado para la comisión del delito?

Efectivamente, sí se podría solicitar. Dado que como fundamenta el Tribunal Supremo, en estos casos hay que proceder a la restauración del orden jurídico conculcado por el delito, pudiendo procederse en ciertos delitos, como los de alzamiento de bienes dentro de las insolvencias punibles y en algunos delitos de estafa, a la declaración judicial de nulidad de dichos contratos, normalmente simulados o fraudulentos, que han permitido defraudar a la otra parte del contrato o a los acreedores, si bien, para que dicha posibilidad pueda tener lugar, han de traerse al proceso, normalmente en calidad de responsables civiles, a las personas afectadas o perjudicadas por dicha nulidad para salvaguardar sus derechos y poder ser oídas en el seno del proceso penal (así, Sentencias del Tribunal Supremo, de 26 de marzo de 1993, 16 de abril de 1992, 12 de marzo de 1993, entre otras muchas).

2.3.- ¿Cómo ha de valorar el juez de la ejecutoria penal, el cumplimiento de la responsabilidad civil fijada en Sentencia, cuando el penado es insolvente?

Sabemos que el pago de las responsabilidades civiles es un elemento determinante de la concesión de la suspensión o sustitución de la ejecución de la pena. En materia de conformidades, el pago previo de las responsabilidades civiles operará como una circunstancia atenuante reconocida en el art. 21.5 CP, pudiendo rebajarse la pena hasta en dos grados, lo que repercutirá en las posibilidades para alcanzar una conformidad que interese al acusado y también a las víctimas o perjudicados, ya que el interés de estos, generalmente, no es que aquél ingrese en prisión, sino que les abone los daños y perjuicios sufridos por la comisión del delito. En cualquier caso, incluso no habiéndose abonado las responsabilidades civiles antes del juicio, estas siempre serán condición para la concesión de los beneficios de la suspensión y/o sustitución. ¿Pero que ocurre cuando el penado es insolvente?

El art. 81.3 del Código Penal prevé la opción de acordar en su caso la suspensión de ejecución de la pena, pese a que no exista opción del pago de las responsabilidades civiles.

Sin embargo, hay que incidir en el hecho de que la concesión o no de la suspensión de la ejecución de la pena, no es un derecho del condenado a que se le aplique siempre y en cualquier caso, sino que habrá que apreciar las características de la propia ejecutoria penal y las circunstancias de cada supuesto, a fin de que el tribunal aprecie si concurren, en un primer momento, los presupuestos para ello, y,  en segundo lugar, sí ha existido auténtica  voluntad del penado de dar satisfacción a los perjudicados de las responsabilidades civiles a las que fue condenado.

Pero, es más, es que en materia de sustitución el art. 88 CP, solo se valora “el esfuerzo para reparar el daño causado” sin detenerse para nada en si el penado es o no insolvente. Prueba evidente, por tanto, de que lo que el legislador ha querido primar en estas solicitudes de suspensión y/o sustitución, es si el penado está haciendo un esfuerzo a la hora de afrontar las responsabilidades civiles fijadas en la sentencia. Lo contrario constituiría una especie de burla del sistema a quien ha sido víctima o perjudicado de un hecho delictivo y que ve cómo el Estado de derecho concede beneficios al penado en ambos casos sin que lo que fija la sentencia acerca de la satisfacción de las responsabilidades civiles se hayan cumplimentado. Y todo ello, aunque el penado sea insolvente.

¿Y, cuando el penado es insolvente, y además lo es, por la comisión de un delito económico?

Esta tesis tiene una especial aplicación en los supuestos de delitos económicos, o bien relacionados con delitos patrimoniales, ya que en todos los supuestos contemplados en el Título XIII del Libro II del CP de delitos contra el patrimonio o contra el orden socioeconómico debe ser una concesión sine qua non que el abono de las responsabilidades civiles debe haberse verificado antes de conceder en ningún caso la suspensión de la ejecución de la pena o la sustitución de esta por multa o trabajos en beneficio de la comunidad. Y ello, por ser lógico entender que resulta inadmisible que una persona se haya beneficiado económicamente de otro u otros con la comisión de un hecho delictivo, y que un juez o tribunal penal haya reconocido ese hecho como delito y fijado en la sentencia la existencia de unas responsabilidades civiles que abonar, y que más tarde el penado solicite la suspensión de la ejecución de la pena aportando documentación relativa a su situación de insolvencia, lo que, cuanto menos, no deja de ser sorprendente, atendiendo a que nos encontramos ante un delito de carácter económico en el que hay un perjuicio cuantificable y evaluable en dinero que no ha sido reintegrado todavía y sobre el que el penado plantea el beneficio penal de la suspensión de su condena.

Un ejemplo de esta posibilidad de denegar la suspensión se encuentra en el Auto de la Audiencia Provincial de Lleida, Sección 1ª, Auto de 10 Jul. 2000, rec. 15/2000 que apunta que: “El Código vigente, en aras a una eficaz protección de los víctimas viene a exigir la "imposibilidad" de que el penado pueda satisfacer las indemnizaciones impuestas, imposibilidad que debe ser apreciada por el Juez oídas las partes y que tiene sin duda un alcance mayor que la simple declaración de “insolvencia”, muchas veces adoptada, en la práctica de los órganos judiciales sin disponer de todos los datos precisos que, además, el penado acostumbra a tener interés en ocultar. En el caso presente, y ante una indemnización relativamente moderada parece que el recurrente carece de bienes propios a su nombre para responder de la misma y que, en cuanto a medios de vida, manifiesta trabajar solamente una hora a la semana por lo que evidentemente obtiene un salario irrisorio. Ello ha creado al Juzgado la fundada sospecha de que tal súbito cambio de "status" frente al ostentado antes de la condena pueda ser un simple artificio (no se olvide que fue precisamente condenado por alzamiento de bienes) para eludir sus responsabilidades civiles derivados de un hecho delictivo. La Sala considera plenamente fundada dicha sospecha, al igual que la acusación particular, aunque no el Ministerio Fiscal. Y entiende que, con independencia de las responsabilidades penales en las que pudiera incurrir por dicha hipotética ocultación, a depurar en proceso penal distinto, existe la plena seguridad de que no le es "imposible" al penado satisfacer sus débitos, pues quien dedica solamente una hora a la semana al trabajo dispone del tiempo suficiente para, incluso en tareas de simple peonaje totalmente accesibles en este momento y en esta Provincia (que presenta un índice de paro forzoso absolutamente técnico y testimonial), obtener ingresos suficientes para, de una vez o en plazos, atender a sus responsabilidades, sin que por ello pueda beneficiarse de la suspensión de condena”.

De ahí que el propio Tribunal Constitucional avale el hecho o circunstancia de que pese a que se dicte un Auto de insolvencia, se pueda valorar por el Juez o Tribunal, que concurran circunstancias que determinen la no concesión del beneficio de la suspensión.

2.4.- La despenalización de las faltas. Breves notas en lo que se refiere a las faltas prevista en el derogado artículo 621 del CP y la posibilidad de acudir a la Mediación

La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, ha derogado el Libro III del Código Penal y las faltas de lesiones del art. 621; por tanto, al desaparecer estas, cuando en los hechos cometidos media imprudencia leve, inexorablemente hay que acudir a la vía civil, al no tener estos hechos ya cabida en los nuevos delitos leves.
Es decir, actualmente, en los supuestos de lesiones producidas por imprudencia leve, el lesionado debe acudir a la vía civil para reclamar la indemnización que le corresponda.

Así mismo, con la modificación del Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, pueden acudir las partes, con la nueva introducción del art. 14,  al procedimiento de la tan “actual”  Mediación, en los casos de disconformidad con la oferta planteada por la aseguradora o la respuesta motivada y, en general, en los casos de controversia, en el plazo máximo de dos meses, a contar desde el momento que hubiera recibido la oferta o la respuesta motivada o los informes periciales complementarios si se hubieran pedido. Todo ello de conformidad con lo previsto en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.

El mediador, además de facilitar la comunicación entre las partes y velar porque dispongan de la información y el asesoramiento suficientes, desarrollará una conducta activa tendente a posibilitar un acuerdo entre ellas. Éste informará a las partes de que son plenamente libres de alcanzar o no un acuerdo y de desistir del procedimiento en cualquier momento, así como que la duración de la mediación no podrá ser superior a tres meses, y que el acuerdo que eventualmente alcancen, será vinculante y podrán instar su elevación a escritura pública al objeto de configurarlo como un título ejecutivo.