08/09/2017

El Constitucional suspende la ley del referéndum y apercibe a un millar de cargos públicos

El desafío legislativo que tuvo lugar ayer en el Parlament de Cataluña, donde se aprobó la ley del referéndum de independencia previsto para el 1 de octubre haciendo caso omiso al protocolo parlamentario y a las advertencias de los letrados, puso en marcha una maquinaria judicial que tendrá hoy sus primeras consecuencias.

El Tribunal Constitucional ha suspendido cautelarmente la ley del referéndum al admitir a trámite el recurso interpuesto por el Gobierno que ha solicitado su anulación, junto con la de la convocatoria de consulta realizada por el Govern.

Más allá, el Constitucional resolvió apercibir a más de un millar de mandatarios políticos (70 altos cargos de la Generalitat y los 947 alcaldes de Cataluña, estos “con carácter preferente y urgente”) advirtiéndoles de su deber de impedir o paralizar cualquier actuación dirigida a la celebración del referéndum. La notificación se hará a través de la Delegación del Gobierno.

La decisión responde a la petición hecha por el Consejo de Ministros extraordinario celebrado este medio día una vez recibido el informe del Consejo de Estado que el Ejecutivo solicitó la misma noche del miércoles tras la aprobación de la norma.

“Acabo de dar instrucciones a la Abogacía del Estado para que registre el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Referéndum que votó ayer el Parlament de Cataluña”, ha anunciado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras concluir el Consejo de Ministros extraordinario que remite al Tribunal Constitucional una petición de nulidad de la norma. Rajoy ha avanzado que también se ha pedido impugnar la convocatoria de la consulta del 1 de octubre y que se notifique expresamente al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ya todo su Gobierno.

Además, se enviarán avisos a todos los alcaldes de Cataluña advirtiéndoles que deben “impedir o paralizar cualquier iniciativa tendente a la paralización del referéndum”. Estos mismos alcaldes han recibido una notificación de la Generalitat esta mañana pidiéndoles que en 48 horas comuniquen la disponibilidad de locales en los que celebrar el referéndum.

“No habrá referéndum de autodeterminación” ha asegurado Rajoy, aseverando que es “ilegal, rompería la soberanía nacional y liquidaría la convivencia pacífica de 40 años de vida democrática”, ha dicho. Minutos antes, el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, ha comparecido a la una de la tarde para anunciar las actuaciones que se tomarán frente a la aprobación de la ley de referéndum catalán. Maza ha anunciado la Fiscalía se prepara ya para interponer dos querellas criminales, una contra todos los miembros del Gobierno de la Generalitat y otra contra la Mesa del Parlament que permitió tramitar la ley.

La Fiscalía, ha explicado Maza, ha decidido actuar “ante la gravedad de la situación generada en la comunidad de Cataluña” en lo que supone “una violación de la Constitución y del propio Estatuto de Autonomía, desobedeciendo lo reiterados pronunciamientos del Tribunal Constitucional” para convocar “el denominado referéndum de autodeterminación”.

Las querellas se presentarán “al menos” por delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos. Además, ha anunciado Maza, las distintas fiscalías del país, con ayuda de la Policía Judicial y el resto de fuerzas del Estado, actuarán para evitar los preparativos del referéndum ante los indicios de inconstitucionalidad.

La Fiscalía, ha detallado, ha dado “instrucciones para que las Fiscalías catalanas, con el auxilio de la Policía Judicial (Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra) investiguen cualesquiera actuaciones dirigidas a la organización del referéndum ilegal, al ser indiciariamente constitutivas de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos al menos”. “Se van a cursar las órdenes oportunas para que la Policía Judicial intervenga los efectos o instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal”, ha añadido.

La Fiscalía Superior de Cataluña ya anunció el miércoles que se querellará contra Forcadell y los miembros de la Mesa del Parlament por desobediencia y prevaricación al admitir a trámite la ley de referéndum.

De otra parte, el asunto ya ha pasado a manos del Tribunal Constitucional que, según confirman fuentes judiciales a este diario, ha alterado su orden del día para tratar en el pleno de hoy, que se alargará a la tarde, las dos primeras peticiones que rodean la aprobación del referéndum: la tramitación de la norma y la recusación de los magistrados solicitada por los independentistas.

Lo primero que ha abordado el Tribunal Constitucional ha sido la recusación presentada contra sus 12 magistrados por la presidenta de la Mesa del Parlament, Carme Forcadell, que les acusa de “falta de imparcialidad”.

El Tribunal ha rechazado de plano y por unanimidad la petición al señalar que se trata de una recusación “genéricamente formulada” y que, aunque se refiere al conjunto de los magistrados, en realidad “va dirigida al órgano mismo y no a sus integrantes”.

Una recusación así, “carece de sustantividad jurídica y no es acreedora de una decisión sobre el fondo”, subraya el Tribunal, que recuerda que ya ha rechazado peticiones similares que ha calificado “de impertinentes y abusivas”.